Multas a empresas de servicios Gobierno sanciona a 95 empresas por cobro indebido de tasas en facturas: entre ella se encuentra CALF

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a 95 empresas en diversas provincias y la ciudad de Buenos Aires por incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, cargos ajenos al contrato entre proveedor y consumidor.

Este incumplimiento contraviene la resolución 267/2024, en vigor desde el 11 de octubre, que prohíbe sumar conceptos no relacionados al servicio en las boletas de consumo.

En total, se abrieron 244 expedientes en ciudades de provincias como Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Santa Fe, y Neuquén, entre otras, debido a las reiteradas prácticas de facturación indebida, que afecta servicios de energía, agua y telecomunicaciones.

La ley exige que las facturas de servicios públicos solo contengan información específica del bien o servicio contratado, sin incluir conceptos adicionales como alumbrado o vigilancia.

Entre las neuquinas se encuentran Calf, la Cooperativa de San Martin de los Andes y la Cooperativa de  Plottier

Las empresas notificadas tienen cinco días hábiles para presentar su descargo, tras lo cual la Secretaría podrá aplicar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones para los casos más graves.

El subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, recordó que estas tasas son ilegales y violan el artículo 42 de la Constitución Nacional, alentando a los usuarios a denunciar estos casos a través del correo [email protected], que ya recibió más de 2.700 reclamos.

Por su parte, el vocero del Gobierno, Manuel Adorni, invitó a los municipios a recaudar sus tasas directamente y no mediante las facturas de servicios básicos, mientras que algunos intendentes del Conurbano bonaerense se ampararon en la justicia para mantener estos cobros, argumentando que responden a necesidades de financiamiento local.

La Secretaría de Energía también ha intervenido, ordenando que estaciones de servicio adviertan a los clientes sobre tasas viales o municipales que impacten en el precio final, con un plazo de 120 días para adecuarse a esta norma.